Miércoles, 08 Agosto 2018 16:01

Gerardo Gamba

El mito de Giges o cómo salir de los problemas en México

Dr. Carlos Martínez Assad

Comité de Ciencias Sociales, Filosofía e Historia Comité de Ciencias Naturales



Platón menciona en La República el mito del dueño del anillo de Giges que permite “robar y enriquecerse, asesinar y hacerse con el poder”, por eso Tzvetan Todorov se pregunta cuántos, al usar ese anillo, podrían ceder a la tentación porque nadie es justo por propia voluntad sino por imposición.

La reflexión es vigente por la constante insistencia en México de que el gobernante solamente se dedica a lo que condena ese anillo, sin considerar todos los factores involucrados; es decir, aquéllos que son necesarios para alcanzar el poder y que involucra los puestos previos, las relaciones políticas, los aprendizajes y saberes para alcanzar el poder y mantenerse en él. Sin olvidar algo fundamental, quienes gobiernan forman parte de la misma sociedad y deben adquirir algún consenso desde el momento de la elección. Es ingenuo suponer que sociedad política y sociedad civil no están involucradas.

En el problema más grave que enfrenta México que es el del narcotráfico y la violencia que lo circunda, se insiste en diferenciar a los civiles de los militares, cuando socialmente están involucrados, forman parte de la misma sociedad. Por eso resulta demasiado elemental culpar siempre a unos y no ver los vínculos con los demás. Se culpa siempre a los militares sin aceptar que es en la sociedad donde se parapetan los elementos del crimen organizado, en ocasiones con acuerdo de quienes son favorecidos y enquistados es muy difícil combatirlos.

El Estado responde a las agresiones de quienes realizan los grandes negocios vinculados con la producción y compra-venta de drogas. Sin embargo, se hace aparecer como si el primero atacara al otro en un afán destructivo de la sociedad. ¿Esto tiene sentido? Por supuesto que no y el Estado tiene –como se ha visto- más problemas que ganancias asesinando a diestra a siniestra. Por supuesto, en todas las sociedades las ganancias son mayores cuando se alcanza un clima de paz y tranquilidad en el país.

En México, el problema fundamental es que se trata de una guerra en la que no hay negociación posible a menos de infringir la legalidad que el Estado debe proteger.

Pero la moda que no expresa sino una indolencia del pensamiento, es culpar al gobierno de todos los males que aquejan a la sociedad; más sencillo que analizar es insistir en la existencia de un enemigo común que afecta al conjunto de la sociedad. Se ha reforzado en los últimos tiempos el mito de responsabilizar de todos los males a los políticos como si los civiles estuviéramos al margen del funcionamiento de la sociedad.

El mismo Todorov afirma que lo único peor que un mal gobierno es la inexistencia del gobierno, pero parece que esa es la consigna en México donde muchos apuestan a la destrucción de las instituciones. Con todo el pasado milenarista de la izquierda, se insiste en que con esa destrucción vendrá el mundo nuevo. Cuánto mesianismo hay en la consigna que busca beneficiarse de cualquier error en la conducción política – que sin duda puede nutrirse de varios ejemplos- para vislumbrar el fin del poder político del PRI, concediendo cualidades taumatúrgicas a los otros partidos.

En ese sentido apuntan la mayoría de las críticas, desde el terrible caso de los 43 de Ayotzinapa como si para el gobierno aportara algún beneficio el asesinato de estudiantes y el clima de inestabilidad que ese hecho provocó. Por supuesto, nadie en su sano juicio puede justificar la desaparición y muerte de esos jóvenes. La ausencia de un hijo, de un padre, de la madre nos hace partícipes de esa orfandad, de la viudez que nos involucra a todos. Asimismo, en las confrontaciones entre las bandas de narcotraficantes o de alguna de ellas contra el gobierno, quienes muerden el polvo son parte del conjunto, de la misma sociedad.

Por qué entonces, insistir siempre en endilgarle la responsabilidad al gobierno, insistir en su ineficacia cuando las muertes de militares, de policías también contribuyen a la suma de víctimas que estos tiempos virulentos han dejado. Pero siempre es más fácil tirarle al gobierno como en los puestos de feria con un tiro al blanco, que analizar con profundidad el acontecer cotidiano. Buscar en lo más recóndito de la sociedad la responsabilidad de unos y otros.

Dejar toda la explicación a la corrupción que impregna a los aparatos del poder no es suficiente porque la violencia no se encuentra directamente vinculada a ese proceder, por supuesto criticable e inaceptable. Hay que corregir las malas conductas de los funcionarios, pero es necesario encontrar los mecanismos para hacerlo. Y, por supuesto, el más importante es no solamente la vigilancia de la sociedad sino su involucramiento en las tareas del gobierno.

Y aquí viene otra cuestión, porque en el gobierno los partidos políticos tienen una gran influencia y estos se hacen copartícipes de las desviaciones administrativas que nutren la corrupción. En ese sentido, es muy importante que existan varios partidos para el ejercicio de la democracia, pero el problema es la procedencia de quienes los forman, de esos militantes que a fin de cuentas proceden de la misma sociedad; no están aislados ni surgen por generación espontánea. Comparten el mismo principio que critica al Estado porque abandonan la idea del servicio social para engrosar el de su propio beneficio y el del grupo que representan. La democracia alienta la igualdad ante el poder, pero no frena el afán de acumularlo con intereses ajenos al del bienestar de la sociedad.

En nombre de la democracia se cometen muchos atropellos porque se habla de igualdad, pero poco se expresa en sus medidas partidarias, se insiste en la libertad y la crítica no siempre es bienvenida. Al contrario, se busca principalmente coartar la participación y evitar responder a los llamados de la sociedad. El poder no se comparte, al contrario, es excluyente en su funcionamiento.

La participación ciudadana, un reclamo de los últimos tiempos, ha sido limitada porque las autoridades autoconcebidos como los operadores de arriba hacia abajo del sistema. El ingeniero Cuahtémoc Cárdenas apenas en su segundo año del primer gobierno electo, canceló los Consejos Ciudadanos, resultado de una elección ciudadana ejemplar en el Distrito Federal en 1995, como única elección sin la participación de los partidos políticos.

Nadie criticó la medida ni interpuso demanda alguna, porque había sucedido en la coyuntura del tránsito de la regencia al gobierno electo; es decir del traslado de poderes del PRI al PRD, para un gobierno de este último partido que ya dura 20 años. Pero sucedía que la legislación que había dado lugar a esas figuras reorganizaba a las delegaciones, disminuyendo las atribuciones de los delgados, quienes debían someter a consulta entre los consejeros (algo semejante a los regidores de los municipios) varias de sus iniciativas y, algo muy importante, el presupuesto delegacional. Se trataba de la aplicación del presupuesto participativo. La Constitución de la Ciudad de México del 5 de febrero de 2017 menciona que el Presupuesto de Egresos de las demarcaciones “será aprobado por su respectivo concejo, y se enviará a la o el Jefe de Gobierno para su integración al proyecto del Presupuesto de Egresos de la Ciudad (21 B III, a). Algo semejante se había previsto en la configuración de los Consejos Delegacionales de 1995; pero increíble, requirió más de veinte años volver a lo mismo y pese a todo lo concerniente a la corrupción, se descuidó el control del gasto ejercido.

Aquellos Consejos Ciudanos también fueron más allá en términos de las demarcaciones territoriales de lo que era el Distrito Federal y planteó con datos precisos la necesidad de reorganizarlas, aumentándolas si era necesario. No podía dejarse, como se hizo a las 16 delegaciones con sus desigualdades territoriales y poblacionales, dándose el caso que seis de ellas, entre las que destacan Iztapalapa y Gustavo A. Madero, tienen más habitantes y manejan mayores presupuestos que algunos estados de la República. Es un contrasentido que habrá a partir de este año alcaldes con más poder que varios gobernadores.

El asunto se “resolvió” en la reciente Constitución solamente enunciando buenos propósitos, por ejemplo: “Las autoridades proveerán lo necesario para que los emprendimientos económicos sean objeto de la protección y acompañamiento institucional”. (Artículo 17, B.2) Ni siquiera se estableció con claridad lo que concierne al patrimonio, cuando es sabido y motivo de discusión qué pertenece a la Ciudad y, por lo tanto, qué significado tiene en términos del gasto y lo que debe recibir de sus participaciones en los ingresos federales.

Ahora una nueva reforma otorgó al Distrito Federal su reconocimiento como la entidad 32 de la Federación, con lo cual no se logró mucho respecto a la legislación previa, y como novedad se adoptó el nombre oficial de Ciudad de México, que en realidad retomaba su más antigua designación desde que fue capital del virreinato de la Nueva España. Como entidad no tendrá una capital, como si existía cuando fue designado el Distrito Federal, según las leyes previas.

La atención en la Constitución, debido al momento por el que pasa el país, recayó fundamentalmente en los derechos para todos, como si la sociedad pudiera funcionar sin las obligaciones de los ciudadanos. Ahora el punto atraviesa todo transversalmente, por eso ni siquiera se sabe cuándo los delincuentes podrán pagar sus deudas ante la sociedad; eximidos por jueces que siempre encuentran en los procesos fallos de todo tipo minimizando el mal causado en la sociedad.

Pobre destino para México si no se trasciende la dinámica en la que ha caído donde el sentido de la unidad y del bienestar del conjunto ha dejado de ser la preocupación de las autoridades anteponiendo los intereses individuales. Y son incontables los funcionarios que más han incumplido sus funciones de acuerdo con la legislación. Si el ejemplo citado de la Ciudad de México tiene tantos fallos en una legislación a la que varios especialistas dedicaron meses de trabajo, ¿podemos siquiera imaginar lo que sucede en las otras entidades de la República?

Por ello siguen siendo vigentes las palabras del sociólogo Pierre Bourdieu, quien afirmó que el sistema sólo funciona para su reproducción, algo que se refuerza más con la reelección que ahora se ha establecido en un país donde el paso a la vida moderna se dio con el principio de la No reelección. Así, la enseñanza que se puede extrapolar en vísperas de las elecciones de 2018 es que lo importante no será el triunfo de un partido político sino de su capacidad para trascender los límites impuestos y volver la vista hacia la sociedad, dejando de lado sus intereses privados. O el país caerá de nuevo en aquella consigna tan citada del conde de Lampedusa: “Que todo cambie para que todo siga igual?



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