Miércoles, 31 Octubre 2018 08:46


La historia nos enseña que los1 grandes gobernantes han gozado del consejo de los mejores pensadores de su época. Desde siempre, el binomio asesor-gobierno es el punto natural de contacto entre la academia y el tomador de decisiones. Se trata de una alianza darwiniana, pues el buen gobernante sabe que su supervivencia como tal depende de ella. En realidad existe menos diferencia entre no asesorarse y asesorarse mal, que entre esas opciones y el buscar el consejo de un buen experto, el mejor si es posible. Con un ejemplo basta. Usted amanece con un dolor sospechoso que le preocupa, pero su dilema es: ignorar el dolor; pedirle a un amigo que le recomiende uno de esos tés que curan todo; o consultar con un médico reconocido.

Lo mismo ocurre en el caso de los países. Los más civilizados, incluyendo a México, invierten en la formación de expertos en un número creciente de temas, con el objeto de contar con alguien de confianza a quien consultar, llegado el caso.

La figura del asesor gubernamental existe en la gran mayoría de los países, y frecuentemente abarca todos los niveles de gobierno: desde la presidencia y sus ministros, hasta el congreso, el poder judicial, los gobiernos locales, etc. Evidencia de ello es que hoy ya existen asociaciones internacionales de asesores gubernamentales, como la International Network for Government Science Advice (INGSA, ver: www.ingsa.org) cuyo propósito es entender, mejorar, profesionalizar y vincular a quienes ejercen esta importante ocupación.

La llegada de nuevas tecnologías frecuentemente obliga a una toma de decisiones sobre temas con un creciente contenido técnico inter- y multi- disciplinario. Sea la construcción de una nueva refinería, de un tren tras peninsular, de un nuevo aeropuerto, así como la implementación de nuevas políticas energéticas, alimentarias, de seguridad, de salud, el cambio climático, la equidad de género, etc. La alianza entre los tomadores de decisiones y los expertos es obligada por la complejidad de los problemas, que frecuentemente escapa el dominio de una sola especialidad. Después de todo, el objetivo de todas las ciencias es estudiar los fenómenos (naturales y sociales) como un medio para predecir los posibles efectos de tal o cual decisión, desde todas las perspectivas posibles. Por otro lado, no es raro que la solución estrictamente científica a un problema, como despenalizar el aborto, o el consumo de las drogas, sea incompatible con la percepción social en que, en última instancia, se basa el poder político. Por lo tanto, el asesor gubernamental debe evaluar las aristas tanto técnicas como sociales y políticas de un problema, presentando al tomador de decisiones estrategias alternativas, con las previsibles reacciones sociales en cada caso.

Lamentablemente, en México la figura del asesor gubernamental ha sido abusada en más de un sentido. Primero, porque los tomadores de decisión dan más importancia al impacto político que al técnico de sus decisiones, que frecuente no entienden. En ese contexto, la imagen del asesor se ha restringido a la de aquel que aconseja sobre el impacto en la opinión del votante, más que en el bienestar de éste. Así, en México el término “asesor gubernamental” se confunde con el de un amigo del tomador de decisiones, con experiencia política y que recibe elevados honorarios por sus consejos. Luego, con el deterioro de la política misma, la imagen pública del asesor (en cualquier tema) ha pasado de ser un académico prestigioso a un amigo bien pagado.

Así, no es de sorprender que al enumerarse los 50 puntos en que se basa el Plan de Austeridad del próximo gobierno de México, el número 11 diga que no habrá más de 5 asesores por Secretaría de Estado. Hay que admitir que, al menos, tal punto no proscribe la existencia de un centenar de consejeros ministeriales.

Si el nuevo gobierno está interesado en contar con asesoría gubernamental global, austera y de la mejor calidad posible, resulta que la tiene a la mano. Desde hace casi 30 años el Gobierno de México cuenta con un organismo denominado Consejo Consultivo de Ciencias (CCC) de la Presidencia de la República (miembro de INGSA) que reúne a cerca de 120 académicos que a través de los años han sido reconocidos por la propia Presidencia de la República con la más alta distinción. Me refiero al Premio Nacional de Ciencias, en cuatro áreas: Ciencias Exactas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, así como Tecnología y Diseño. Estos 120 reconocidos expertos prestan sus servicios al CCC sin recibir remuneración. Como es natural, ellos juegan un rol de liderazgo en la mayoría de las áreas de investigación en México, sin olvidar que no pocos de ellos han ocupado puestos gubernamentales de alto nivel. Por ello, más allá de su capacidad personal, ellos conocen el medio académico, incluso el político, en una perspectiva que les permite convocar desde el CCC a grupos selectos de la comunidad académica del país para enfrentar problemáticas específicas que se les puedan plantear. Así, con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva del CCC, cuyo nombramiento corresponde al propio titular del Ejecutivo, se puede ofrecer un nivel de asesoría global, a todos los niveles de gobierno.

¿Puede haber un organismo asesor al servicio del gobierno de México que sea de mayor nivel académico, más temáticamente amplio y austero, que el CCC?

1 Por respeto a ellas, aclaro que sólo por simplicidad utilizo el masculino cuando me refiero a personas.



Investigador del Instituto de Física de la UNAM y

Coordinador General del Consejo Consultivo de Ciencias

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