Martes, 17 Noviembre 2015 01:12

La mariguana, la medicina y la sentencia del ministro Zaldívar








En un artículo titulado “Sobre la legalización de la mariguana”, que publiqué en estas mismas páginas durante tres semanas sucesivas en octubre del año pasado, hago una revisión de la literatura científica con respecto a los daños a la salud y los beneficios terapéuticos de la cannabis.

Termino el artículo con el siguiente párrafo: “Basándome en lo que aquí he expuesto, me parece que México, donde el daño a la sociedad causado por el narcotráfico es cada vez mayor y más grave […] debe resolver de otra manera la ruinosa y sangrienta lucha contra las drogas, que ha mostrado un fracaso progresivo cada vez más costoso en vidas humanas y en aumento de la criminalidad y de la corrupción. Ya es tiempo que México desista de su obsesiva negativa a la legalización, dejando de lado los prejuicios, la falsa información sobre sus efectos dañinos y los argumentos morales que no todos compartimos. El problema es de salud y de respeto a los derechos y la autonomía de las personas”.

En el año transcurrido desde entonces han sucedido muchos acontecimientos y se han publicado decenas de declaraciones sobre el tema. Pero sin duda lo más trascendente es la extraordinaria sentencia del ministro Arturo Zaldívar, aprobada recientemente por la Sala Uno de la Suprema Corte. La sentencia me parece extraordinaria, en primer lugar porque su fundamentación principal es la defensa del derecho humano a ejercer la autonomía personal, mientras no se cause daño a terceros, al mismo tiempo que, basándose en abundante bibliografía científico-médica, muestra que los daños a la salud que puede causar la mariguana -nadie lo niega- son mucho menos graves que los pregonados por los defensores de la prohibición. Sin embargo, la enorme trascendencia de la sentencia es precisamente que garantiza el derecho para consumirla aunque cause esos daños (página 79, segundo párrafo). Y lo hace concluyendo categóricamente: “Con base en todo lo anteriormente expuesto, esta Primera Sala arriba a la conclusión de que resultan inconstitucionales los artículos 235, 237, 245, 247 y 248, todos de la Ley General de Salud, en las porciones que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para la realización de actos relacionados con el consumo personal con fines recreativos del (aquí enlista la cannabis y sus derivados químicos), conjunto conocido como marihuana (inciso IV, La inconstitucionalidad de los artículos impugnados; páginas 79-80 de la Sentencia)”.

Por tanto, me parece relevante e ineludible que en el debate por venir se parta de esta decisión: la prohibición es inconstitucional y debe por tanto eliminarse. Así, el debate deberá centrarse no en si se legaliza su consumo, siembra, cultivo, cosecha transporte, etc., ya que la Sentencia sentó las bases para ello, sino en la regulación, empezando por supuesto por la información de sus efectos y en establecer las reglas de uso, incluyendo de manera preponderante la limitación de la promoción, venta o distribución a menores de 21 años, como ya se hace en el caso del alcohol y el tabaco, ya que los efectos dañinos de cualquier droga, lícita o ilícita, de uso terapéutico o recreativo, son diferentes en un cerebro aún en desarrollo que en un cerebro adulto y además la capacidad de autonomía personal es aún limitada antes de esa edad. Además, en el debate deberían tomarse en cuenta, siempre en el marco de la Sentencia, las conclusiones de los muchos foros que se han realizado sobre el tema en México, entre los cuales destaco el Foro Internacional de Política de Drogas que organizó la Cámara de Diputados en julio de 2014, en el que el ex presidente de Colombia César Gaviria impartió una conferencia magistral (recordemos que a Gaviria le tocó lidiar con la etapa final del reinado de Pablo Escobar) y el Foro “Controversias en la propuesta de la regulación del consumo de la mariguana en México, en el Congreso de Investigación en Salud Pública, en marzo de 2015. Ninguna opinión no basada en datos debería tener peso en el debate. Por ejemplo, el doctor Mondragón y Kalb, titular de la Conadic, reaccionó a la ponencia del ministro Zaldívar diciendo “no quiero una sociedad adicta a la mariguana”, ignorando que la cannabis es la menos adictiva de las drogas ilícitas y también de muchas lícitas, como algunos ansiolíticos.

La información científica y su correcta interpretación son fundamentales en la discusión, basándose en los artículos originales y no en las reseñas periodísticas. Por ejemplo, el año pasado aparecieron en Estados Unidos varias noticias sensacionalistas bajo el título “La mariguana daña el cerebro”, apoyándose en un artículo científico publicado en la revista Journal of Neuroscience. Sin embargo, la lectura crítica de ese artículo deja ver que los propios autores, de la Universidad de Harvard y de la Northwestern University, reconocen que sus datos sólo muestran ciertos cambios en algunas regiones del cerebro, y que tienen muchos problemas de interpretación y validez, por el bajísimo número de sujetos estudiados (sólo veinte jóvenes) y porque no pueden establecer si la causa de esos cambios fue el consumo de mariguana u otros factores concurrentes. Menciono este ejemplo (hay muchos) porque si en el debate no participan científicos capaces de entender la metodología y las conclusiones de los artículos originales (no la interpretación de ellos que los periodistas hacen) las conclusiones serán seguramente erróneas y sesgadas.

Otro acontecimiento reciente, relacionado con el uso de la mariguana, también es relevante. Me refiero a la negativa de la SSa y la Cofepris, durante semanas, para importar la cannabis medicinal para la niña Graciela Elizalde, presa del síndrome Lennox-Gastaut, una grave enfermedad en la que las convulsiones epilépticas son incontrolables. La negativa es incomprensible. Si la Ley General de Salud prohíbe la importación y uso de estas sustancias para (teóricamente) proteger la salud, no se entiende que al mismo tiempo impida un tratamiento que ha dado buenos resultados en casos como éste. Quienes se oponen a la legalización-regulación de la cannabis insisten en que aún no hay evidencia médica de sus efectos terapéuticos, pero raramente dan datos ni referencias científicas. En cambio, dos de las más prestigiadas revistas médicas del mundo acaban de publicar sendos trabajos sobre el uso de cannabinoides en el tratamiento de la epilepsia en niños (“Cannabinoids in the treatment of epilepsy”, New England Journal of Medicine, 10 de septiembre de 2015; “Momentum grows for medical use of cannabis”, Lancet, 24 de octubre de 2015). Estos artículos concluyen que este tratamiento tiene gran potencialidad terapéutica y al mismo tiempo se quejan y recriminan a las leyes prohibitivas (en EU la ley federal sigue siendo válida a pesar de que en 4 estados y en Washington D.C. es legal inclusive para usos recreativos) que impiden realizar estudios clínicos bien controlados sobre el uso de los cannabinoides, precisamente porque están prohibidos.

Así, la prohibición de la cannabis es incomprensible, porque genera exactamente lo contrario de lo que pretende: 1) Ha resultado un absoluto fracaso para reducir el consumo en la población de cualquier edad. 2) Impide su uso medicinal. 3) Bloquea la investigación científica sobre sus potenciales beneficios para la salud. 4) En contraste, ha logrado gran éxito para generar narcotráfico, corrupción, criminalidad, muertes y encarcelamientos desproporcionados (uno de los argumentos fundamentales del ministro Zaldívar, la desproporción). 5) Genera desigualdad e inequidad social, pues convierte en criminales a personas inocentes, sobre todo de las clases sociales más desprotegidas. Me parece que la Sentencia de la Sala Uno es un enorme avance para corregir esta gravísima situación en nuestro país.


El autor es Investigador Emérito de la División de Neurociencias, Instituto de Fisiología Celular de la Universidad Nacional Autónoma de México y Miembro del Consejo Consultivo de Ciencias

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